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Globalización, soberanía y sentido común

Hace dos días participé en el Estoril Political Forum 2026. Fue una de esas conversaciones que uno agradece: el tipo de debate intelectual honesto, sin prisas, donde las ideas se contrastan de verdad. La mesa reunía a académicos, responsabl…

04 de junio de 20267 minEquipo Fortius
Portada editorial de sociedad civil e influencia institucional.
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Hace dos días participé en el Estoril Political Forum 2026. Fue una de esas conversaciones que uno agradece: el tipo de debate intelectual honesto, sin prisas, donde las ideas se contrastan de verdad. La mesa reunía a académicos, responsables públicos y pensadores de distintas tradiciones, y el hilo conductor era una pregunta que, en el fondo, atraviesa casi todo el debate político contemporáneo: ¿cómo se relacionan la globalización, la soberanía política y la ética pública?

Secciones principales
  • Globalización, soberanía y sentido común: una reflexión desde el Pensamiento Social Católico
  • Una contradicción que define nuestra época
  • El retorno de la soberanía
  • Más allá del falso dilema

Juan Ángel Soto · 4 de junio de 2026

Globalización, soberanía y sentido común: una reflexión desde el Pensamiento Social Católico

Basado en una intervención pronunciada en el Estoril Political Forum 2026.

Hace dos días participé en el Estoril Political Forum 2026. Fue una de esas conversaciones que uno agradece: el tipo de debate intelectual honesto, sin prisas, donde las ideas se contrastan de verdad. La mesa reunía a académicos, responsables públicos y pensadores de distintas tradiciones, y el hilo conductor era una pregunta que, en el fondo, atraviesa casi todo el debate político contemporáneo: ¿cómo se relacionan la globalización, la soberanía política y la ética pública?

Lo que sigue nace de aquella conversación.

Una contradicción que define nuestra época

Vivimos tiempos extraños. Nunca antes la humanidad había estado tan conectada: las cadenas de suministro atraviesan continentes, las decisiones financieras tomadas en una capital sacuden mercados a miles de kilómetros de distancia, y las nuevas tecnologías han comprimido el tiempo y el espacio de maneras que habrían resultado inconcebibles para generaciones anteriores.

Y sin embargo, al mismo tiempo, asistimos a un resurgimiento notable de las reivindicaciones nacionales, de las demandas de control político efectivo, y de una preocupación creciente por la pérdida de autonomía estratégica de los Estados.

Durante décadas se dio por sentado que la globalización conduciría de forma inevitable hacia un mundo cada vez más integrado, donde las fronteras irían perdiendo relevancia y las identidades nacionales serían progresivamente absorbidas por estructuras de gobernanza supranacional. Hoy resulta evidente que esa predicción fue, cuanto menos, apresurada.

La pandemia de COVID-19 nos enseñó hasta qué punto las cadenas globales de suministro, optimizadas obsesivamente para la eficiencia económica, eran frágiles frente a perturbaciones inesperadas. Después vinieron la guerra en Ucrania, la crisis energética europea, y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Y ahora, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán —con los ataques sobre instalaciones nucleares iraníes y la respuesta de Teherán— ha añadido una nueva dimensión de fragilidad: el cierre intermitente del Estrecho de Ormuz, por el que transita cerca de un quinto del petróleo mundial, ha recordado con brutalidad que la interdependencia energética puede convertirse, en cuestión de horas, en dependencia estratégica.

La globalización ha generado prosperidad real. Pero también ha creado fragilidades reales.

Y en esa tensión reside una de las preguntas fundamentales de nuestro tiempo.

El retorno de la soberanía

La política internacional de la última década puede leerse, en gran medida, como una reacción frente a los límites de la fase más intensa de la globalización. La reindustrialización impulsada por Estados Unidos, las políticas de autonomía estratégica de la Unión Europea, el auge de movimientos soberanistas en numerosos países occidentales, los esfuerzos por asegurar cadenas de suministro críticas: son expresiones distintas de un mismo fenómeno.

Las sociedades han redescubierto algo que en el auge del optimismo globalizador se tendió a olvidar: que no todo puede subordinarse a criterios de eficiencia económica.

La energía importa. La seguridad alimentaria importa. La capacidad industrial importa. Las fronteras importan. Y, sobre todo, importa la capacidad de una comunidad política para tomar decisiones sobre su propio futuro.

Ahora bien, sería un error leer este retorno de la soberanía como una simple reacción nostálgica o un reflejo defensivo. En muchos casos expresa una intuición más profunda y, en el fondo, legítima: la convicción de que los ciudadanos tienen derecho a preservar las instituciones, las costumbres y los vínculos que hacen posible la vida en común. Que la política no es sólo gestión técnica, sino también custodia de un patrimonio compartido.

La pregunta relevante, entonces, no es si la soberanía sigue siendo importante. Es cómo compatibilizarla con una realidad inevitablemente global.

Más allá del falso dilema

Con demasiada frecuencia, el debate público nos presenta esta cuestión como una elección forzada.

De un lado, un globalismo que tiende a ver las fronteras, las identidades nacionales y las comunidades intermedias como obstáculos al progreso y a la cooperación internacional. Del otro, versiones más radicales del nacionalismo que reducen la política a una mera defensa de intereses propios, ignorando las responsabilidades morales que inevitablemente trascienden las fronteras.

Ambas posiciones comparten una misma limitación: simplifican una realidad demasiado compleja para caber en ninguna de esas cajas.

La persona humana no existe únicamente como individuo aislado, ni como miembro abstracto de una humanidad sin rostro. Vive simultáneamente en distintos círculos de pertenencia: la familia, el municipio, la región, la nación y, finalmente, la comunidad internacional. Eliminar o menospreciar cualquiera de esos niveles supone empobrecer la realidad humana.

Y es precisamente aquí donde el Pensamiento Social Católico —que es más amplio, y engloba, la Doctrina Social de la Iglesia— aporta algo que el debate político contemporáneo echa en falta: no soluciones técnicas prefabricadas, sino una forma de pensar. Nos da las preguntas correctas, con la esperanza de que nosotros encontremos las respuestas.

Subsidiariedad y solidaridad: dos principios que siguen siendo necesarios

La tradición social católica rechaza tanto el individualismo radical como el colectivismo centralizador. Lo hace a través de dos principios que hoy resultan más pertinentes que nunca.

El primero es la subsidiariedad: las decisiones deben adoptarse en el nivel más cercano posible a las personas afectadas por ellas. Las estructuras superiores tienen una función legítima e importante, pero deben complementar y apoyar a las comunidades menores, no sustituirlas ni vaciarlas de contenido. Aplicado al debate actual, este principio nos recuerda que la concentración de poder no es una virtud en sí misma, y que la gobernanza global, la integración supranacional o la centralización administrativa deben justificarse en términos de lo que sirven a las personas concretas, no al revés.

Pero la subsidiariedad sola sería insuficiente. Por eso la tradición católica la complementa con la solidaridad: el reconocimiento de que los seres humanos comparten una dignidad común, y que las obligaciones morales no terminan donde terminan los pasaportes. Las comunidades políticas tienen responsabilidades hacia sus propios ciudadanos, sí, pero también deben considerar las consecuencias de sus decisiones sobre otros pueblos y sobre las generaciones que aún no pueden hablar.

La dificultad real consiste en mantener ambos principios en tensión fecunda. Ningún dogmatismo, ni el universalista ni el particularista, es capaz de hacerlo.

Salamanca, cinco siglos después

Lo más fascinante de todo esto es que las preguntas no son nuevas.

La primera gran globalización de la historia moderna tuvo lugar en el siglo XVI, cuando el descubrimiento de América y la apertura de nuevas rutas intercontinentales transformaron el mundo de forma irreversible. Los pensadores de la Escuela de Salamanca —junto con sus homólogos de Coimbra y Évora— fueron los primeros que intentaron comprender con rigor las implicaciones morales de un mundo crecientemente interconectado.

Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Francisco Suárez: todos ellos abordaron preguntas que hoy nos resultan sorprendentemente familiares. ¿Cuáles son los límites legítimos del poder político más allá de las fronteras? ¿Puede existir un orden internacional justo? ¿Qué condiciones hacen moralmente legítimo el comercio? ¿Qué derechos tienen los pueblos frente a las grandes potencias?

El célebre Debate de Valladolid es quizá el mejor ejemplo de esa preocupación. Más allá de las controversias históricas posteriores, aquella discusión representó uno de los primeros intentos sistemáticos de someter el ejercicio del poder político a criterios morales de validez universal.

Cinco siglos después, las tecnologías han cambiado radicalmente. La naturaleza de los dilemas, mucho menos.

Una brújula para un mundo fragmentado

La reciente encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV sitúa estas cuestiones de nuevo en el centro del debate. No porque ofrezca soluciones técnicas para cada problema político —no es ése su cometido—, sino porque recuerda algo que tendemos a olvidar en medio del ruido de los grandes datos y las grandes narrativas: que detrás de cada decisión económica, de cada política migratoria, de cada sanción internacional o de cada conflicto geopolítico existen personas concretas.

Personas con dignidad. Personas insertas en familias, comunidades y naciones. Personas que no pueden reducirse a variables de un modelo o líneas en una hoja de cálculo.

Esa es, en mi opinión, la principal aportación que el Pensamiento Social Católico puede hacer al debate del siglo XXI. No una ideología más en el mercado de las ideologías. No una receta tecnocrática. Sino una gramática moral: una forma de pensar que nos permita navegar las tensiones inevitables entre soberanía y cooperación, entre identidad y universalidad, entre eficiencia económica y resiliencia comunitaria, sin caer en ninguno de los dogmatismos que hoy dominan el debate público.

La tensión entre globalización y soberanía no desaparecerá. Tampoco desaparecerán los conflictos entre eficiencia y resiliencia, entre apertura y protección, entre cooperación internacional y autogobierno democrático. Pretender resolverlos de una vez y para siempre es una ilusión. La tarea de la política —la tarea real, la que no siempre se ve en los titulares— consiste precisamente en gestionarlos con prudencia, caso a caso, generación a generación.

Por eso, frente a tanto dogmatismo ideológico, quizá convenga reivindicar una virtud que suena modesta pero que resulta indispensable: el sentido común.

Las mejores tradiciones del pensamiento político occidental —y en particular la tradición social católica— nunca prometieron eliminar los dilemas de la condición humana. Nos enseñaron algo más útil: a convivir con ellos de forma justa, prudente y, en último término, humana.

Juan Ángel Soto