Firma invitada · Alejandro Marsh

La convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre ha sorprendido a buena parte de los analistas y de la sociedad española. Tras tres años y medio de legislatura, Pedro Sánchez ha optado por una decisión de alto riesgo en un momento marcado por el bloqueo parlamentario, la polarización, los casos de corrupción, la crisis migratoria de Ceuta y una nueva movilización social en torno a la vivienda.

El desahucio de Maricarmen puede llevar a conclusiones demasiado rápidas. El Gobierno ya había atravesado momentos de mayor tensión: el caso Koldo, las investigaciones que afectan a la esposa y al hermano del presidente y la imposibilidad de aprobar presupuestos por la compleja relación con PNV y Junts. A ello se suman decisiones de política exterior —Palestina, el giro sobre el Sáhara y la relación con Marruecos— que han elevado la crispación. El adelanto debe entenderse, por tanto, como una apuesta política calculada y no como la simple reacción a un único episodio.

Del bipartidismo a la política de bloques

Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy del 1 de junio de 2018. Aquel Ejecutivo contó con uno de los respaldos parlamentarios más reducidos de la democracia española y dependió de una negociación constante con fuerzas regionalistas. El rechazo de los presupuestos de 2019 precipitó la primera convocatoria electoral anticipada.

Las elecciones de 2019 cerraron la etapa de descomposición acelerada del bipartidismo y abrieron una política de bloques. La entrada de Vox, el ascenso y posterior hundimiento de Ciudadanos y la victoria del PSOE transformaron el sistema. Tras la repetición electoral de noviembre, Sánchez formó un Gobierno de coalición con una investidura ajustada y apoyos parlamentarios suficientes para agotar casi cuatro años.

En 2023, los malos resultados socialistas en las elecciones municipales y autonómicas llevaron a una nueva convocatoria anticipada. Aunque el Partido Popular quedó por delante en escaños, Sánchez conservó el poder gracias a una mayoría parlamentaria en la que Junts resultó decisivo. El resultado reforzó nuevamente a PP y PSOE y debilitó a Vox y Sumar, pero no devolvió la estabilidad del viejo bipartidismo: consolidó dos bloques dependientes de socios menores con capacidad de veto.

Una mayoría parlamentaria difícil de gobernar

La legislatura iniciada en 2023 nació bajo una contradicción. La izquierda interpretó la investidura como la continuidad de una agenda progresista; una parte importante de la derecha la percibió como un Gobierno dependiente de fuerzas independentistas o regionalistas. Esa brecha condicionó toda la legislatura.

Las dificultades para aprobar reformas, responder a la crisis de la vivienda y acordar nuevos presupuestos fueron revelando un bloqueo legislativo creciente. Junts demostró que podía retirar su apoyo en votaciones decisivas y el Ejecutivo acabó descartando la presentación de presupuestos antes de 2027. Al mismo tiempo, la economía española mostró señales positivas, como el récord de afiliación a la Seguridad Social y un crecimiento superior al de buena parte de la Unión Europea, impulsado en parte por el turismo pospandemia y el aumento de población.

El problema del Gobierno no era, por tanto, únicamente económico. Era de capacidad política: sostener una coalición de izquierdas y, al mismo tiempo, negociar cada iniciativa con partidos territoriales de orientación e intereses muy distintos.

La radicalización y el voto joven

En paralelo, las redes sociales se han convertido en un espacio central de movilización política. Vox ha consolidado un electorado juvenil particularmente fiel y ha convertido cuestiones como la inmigración y la vivienda en ejes de su discurso. Figuras políticas y comunicadores vinculados a la derecha han encontrado en los formatos digitales una vía directa hacia una generación que percibe frustración, precariedad y falta de perspectivas.

La sociedad civil de derechas observa una oportunidad para alcanzar una mayoría electoral excepcional. Think tanks, asociaciones y organizaciones locales tratan de movilizar a jóvenes y a sectores que se consideran olvidados por las instituciones. Las encuestas que sitúan al conjunto de la derecha cerca de la mayoría del voto popular alimentan esa expectativa.

La fragmentación también alcanza a la izquierda. Una parte del electorado joven empieza a contemplar alternativas al PSOE por la percepción de inacción tras ocho años de Gobierno. Gabriel Rufián, Adelante Andalucía, el BNG, Bildu o un Podemos revitalizado aspiran a recoger ese descontento desde discursos territoriales, sociales o identitarios diferentes. El resultado es una España políticamente más plural, pero también más polarizada.

Corrupción, Ceuta y el efecto Maricarmen

Los casos de corrupción han erosionado la promesa de regeneración con la que el PSOE llegó al poder en 2018. El caso Koldo y la situación del exministro José Luis Ábalos han afectado a la imagen del partido. Las investigaciones sobre personas del entorno familiar de Sánchez también han ocupado el debate público, aunque una parte del electorado desconfía de procedimientos impulsados por acusaciones populares de carácter político. La corrupción ha vuelto a convertirse en un motor del voto.

La crisis migratoria de Ceuta añadió otro elemento de presión. La entrada masiva e inesperada de migrantes por la frontera hispano-marroquí, la lenta respuesta institucional y las dudas sobre la actuación de Marruecos reforzaron la crítica a la política exterior del Gobierno. Las protestas en defensa de la españolidad de Ceuta movilizaron a la derecha y ampliaron la desconfianza hacia la relación bilateral con Rabat.

El episodio que aceleró el calendario fue, sin embargo, el denominado efecto Maricarmen. El desahucio de una mujer de 87 años por un fondo de inversión provocó una fuerte reacción social, especialmente en la izquierda. Organizaciones de inquilinos y movimientos juveniles anunciaron movilizaciones y una posible huelga, evocando una dinámica semejante a la del 15-M.

El Gobierno respondió con dos decretos de vivienda que buscaban reforzar la protección de los inquilinos y facilitar la oferta de los propietarios. Ambos fueron rechazados por la falta de apoyo de Junts y las dudas de Coalición Canaria y el PNV. Tras ese fracaso legislativo, Sánchez convocó elecciones para el 29 de noviembre.

La lógica del adelanto

La decisión parece responder a una lectura estratégica: el PSOE puede considerar que aún existe margen para recomponer una mayoría de izquierdas si logra convertir la vivienda en el centro de la campaña y aprovechar la movilización social. La iniciativa de un Frente Amplio apunta a reunir a votantes progresistas desencantados y a evitar que la abstención consolide una victoria de la derecha.

Pero la apuesta entraña un riesgo evidente. Las encuestas sitúan al PSOE por detrás del PP y muestran a sus posibles socios divididos. El presidente confía en que una campaña corta permita activar a la izquierda antes de que el desgaste se profundice, al tiempo que las tensiones entre PP y Vox impidan a la derecha presentarse como un bloque estable.

Tres escenarios de Gobierno

Una gran mayoría de PP y Vox

El primer escenario es una mayoría amplia de la derecha. Vox podría acercarse al 20 % del voto y duplicar su representación, mientras el PP mantendría o mejoraría ligeramente su posición. Una suma cercana a tres quintos del Congreso abriría la puerta a reformas constitucionales por la vía del artículo 167 y supondría un cambio de gran alcance en la política nacional y exterior. La entrada de Vox en el Gobierno sería difícil de evitar.

Una mayoría ajustada y una crisis del PP

El segundo escenario es una victoria de la derecha menor de la esperada. Si el PSOE resistiera e incluso superara al PP, el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo podría verse cuestionado. Un Vox fortalecido impondría condiciones más duras para una coalición y el centroderecha podría entrar en una crisis que desembocara en bloqueo o repetición electoral. Es probablemente la hipótesis en la que se apoya la apuesta de Sánchez, aunque depende de demasiadas variables simultáneas.

Un giro de campaña y una mayoría de izquierdas

El tercer escenario sería una remontada articulada en torno a la vivienda, la movilización juvenil y una izquierda plurinacional. Las encuestas actuales le conceden una probabilidad reducida, pero una campaña puede alterar la participación y concentrar el voto útil. El objetivo del PSOE sería retener su posición central mientras las fuerzas a su izquierda y los partidos territoriales aportan una mayoría suficiente.

Qué se juega cada fuerza

Vox centrará buena parte de su campaña en la inmigración, la vivienda y una política más firme hacia Marruecos. Buscará convertir su crecimiento en presencia decisiva dentro de un Gobierno de derechas.
El Frente Amplio y las izquierdas territoriales situarán la vivienda, la protección social y una política exterior crítica con Estados Unidos y favorable a Palestina en el centro de su propuesta.
El PSOE tratará de reforzar la legitimidad de Sánchez, presentar su agenda como dique europeo frente a la derecha y defender la continuidad del proyecto progresista.
El PP hará del rechazo al «sanchismo», la corrupción y la promesa de un cambio institucional los ejes de su campaña. Necesita ser claramente la primera fuerza para preservar el liderazgo de Feijóo.
Los partidos nacionalistas lucharán por conservar su capacidad de influencia, sometidos a la presión de nuevas alternativas territoriales y al desgaste derivado de su apoyo al Gobierno.

Conclusión

Las elecciones del 29 de noviembre pueden ser las más importantes desde la ruptura del bipartidismo en 2015. No solo decidirán quién gobierna, sino también si España consolida una política de bloques más radicalizada, si vuelve a una lógica de grandes partidos o si entra en una nueva fase de fragmentación territorial e ideológica.

Sánchez ha elegido el momento y ha asumido el riesgo. La derecha llega con ventaja, pero dividida sobre el alcance del cambio y el peso que debe tener Vox. La izquierda llega desgastada, aunque dispone de una causa —la vivienda— capaz de movilizar a sectores que se habían alejado. Ambos bloques parecen dispuestos a jugarlo todo, sin margen claro para la moderación.

La sociedad española ha cambiado desde 2023. El 29-N mostrará si ese cambio conduce a una nueva mayoría estable o a otra legislatura de bloqueo.

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