La Controversia de Valladolid y los límites morales del poder

En 1550, en la ciudad castellana de Valladolid, tuvo lugar un acontecimiento extraordinario—uno que sigue sin parangón en la historia de los imperios. En el apogeo de su poder—aunque aún no en el cénit de su expansión imperial—y como potencia dominante de Europa, la Corona española convocó un debate teológico y filosófico formal para examinar una cuestión que alcanza el corazón mismo del gobierno imperial: ¿con qué derecho ejerce un imperio dominio sobre otros pueblos y territorios? Sus protagonistas—Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda—no eran figuras marginales, sino algunos de los principales intelectuales de su tiempo. Y lo que estaba en juego no era abstracto. El resultado moldearía el marco jurídico y moral que regiría la presencia de España en América.

La mera existencia de lo que hoy conocemos como la Controversia de Valladolid resulta extraordinaria. He aquí un imperio en la cúspide de su poder—militarmente dominante, económicamente expansivo y civilizacionalmente seguro de sí mismo—que optó no simplemente por justificar sus actos a posteriori, sino por interrogar pública y sistemáticamente la legitimidad moral de su conducta ex ante. Es difícil encontrar un momento comparable en los anales de la historia imperial. Roma no detuvo sus conquistas para cuestionar la justicia de su dominio. Tampoco el Imperio británico convocó disputas teológicas sobre los derechos de los pueblos colonizados en el apogeo de su expansión. España, sin embargo, sí lo hizo.

No se trató de un ejercicio de autoflagelación ni de una ingenua renuncia a la soberanía. Fue algo más profundo: el reconocimiento de que el poder, por vasto que sea, no se justifica a sí mismo. De que existe un orden moral—accesible mediante la razón, la teología y la ley natural—que se sitúa por encima de la voluntad de los príncipes. Al convocar el debate, el emperador Carlos V aceptaba implícitamente que incluso la autoridad imperial debía responder ante un estándar superior.

Como revelan tanto el Debate de Valladolid como la tradición intelectual más amplia que lo rodea, la Corona española no asumía que su capacidad de dominación se tradujera automáticamente en legitimidad moral. Ni siquiera la legalidad equivalía automáticamente a legitimidad, pues ciertamente la Corona actuaba dentro de los márgenes de la ley, sustentada en el marco jurídico proporcionado por la autoridad papal—muy especialmente por las Bulas Inter caetera emitidas por el papa Alejandro VI en 1493 y posteriormente reforzadas por la denominada Omnímoda concedida bajo el pontificado de Adriano VI—que conferían a la monarquía española derechos de dominio y evangelización sobre los territorios recién descubiertos. Sin embargo, precisamente porque tales títulos jurídicos existían, los escolásticos españoles se vieron obligados a plantear una cuestión más profunda: si dichos títulos bastaban para justificar el gobierno en términos morales y teológicos.

En lugar de ello, sometió sus propias acciones al escrutinio de un orden moral—y por tanto jurídico—preexistente, reconociendo que el poder debe ejercerse dentro de límites que no define por sí mismo. Esto contrasta de forma aguda con ciertas tendencias contemporáneas que equiparan poder y normatividad, en las que el soberano es entendido como fuente última de verdad y ley, erosionando así la propia distinción entre derecho y fuerza. La lección perdurable, por tanto, es que la estabilidad y legitimidad de cualquier orden imperial no dependen de su capacidad para imponer realidades, sino de su disposición a someterse a ellas—especialmente a aquellas arraigadas en principios morales que ninguna autoridad, por poderosa que sea, puede redefinir unilateralmente.

“La estabilidad y legitimidad de cualquier orden imperial no dependen de su capacidad para imponer realidades, sino de su disposición a someterse a ellas.”

En el núcleo del Debate de Valladolid se encontraba un choque entre dos visiones del orden. Sepúlveda, recurriendo a categorías aristotélicas, sostenía que ciertos pueblos podían ser considerados “esclavos por naturaleza”, y que la guerra contra ellos podía justificarse si conducía a su elevación civilizatoria. Las Casas, por el contrario, insistía en la plena racionalidad y dignidad de los pueblos indígenas de América, rechazando la conversión coercitiva y afirmando que ningún imperio podía reclamar autoridad legítima sin el consentimiento de los gobernados.

Lo relevante aquí no es quién “ganó” el debate—los historiadores aún discrepan—sino que el debate tuviera lugar en absoluto, y que fuese tomado en serio en los más altos niveles del poder. El proyecto imperial español, con todas sus indudables contradicciones y fracasos, fue modelado de manera singular por un compromiso sostenido con la teología moral y la filosofía jurídica. Figuras como Francisco de Vitoria y la más amplia Escuela de Salamanca desarrollaron un sofisticado marco conceptual para pensar la guerra justa, la soberanía y los derechos de los pueblos—uno que más tarde influiría en el desarrollo del derecho internacional.

Esta tradición no negaba la realidad del poder. Pretendía disciplinarlo. No asumía que la virtud se siguiera naturalmente de la dominación; más bien insistía en que la prudencia (prudentia) y la justicia (iustitia) debían guiar la acción política, especialmente en las relaciones entre actores desiguales. En este sentido, el Imperio español no fue meramente creador de realidades geopolíticas, sino participante en un orden moral que no controlaba.

El contraste con el ejercicio contemporáneo del poder—y con la retórica que lo rodea—en el discurso político estadounidense actual resulta llamativo. En los últimos meses, las palabras y acciones de la Administración Trump han sorprendido tanto a aliados como a adversarios, sugiriendo una concepción radicalmente distinta del poder. Declaraciones que implican que las normas internacionales están subordinadas a la voluntad nacional—y más aún, personal—como ha expresado Donald Trump, o que la legitimidad deriva principalmente de la pura fuerza más que de la adhesión a marcos jurídicos y morales preexistentes, apuntan hacia un modelo en el que el soberano se convierte, de facto, en autor de dicho marco.

Esto no es enteramente nuevo. Las grandes potencias han actuado con frecuencia como si sus intereses definieran los contornos del orden internacional. Lo novedoso es la explicitud con la que esta lógica se articula en ocasiones. La idea de que el derecho internacional es, en la práctica, aquello que el Estado más poderoso declare que es, representa una ruptura con el consenso de posguerra que buscó—por imperfectamente que fuera—vincular incluso a los actores más poderosos a un marco jurídico compartido.

El Debate de Valladolid ofrece una visión alternativa—más exigente y, cabría decir, más estable. Sugiere que la verdadera soberanía no consiste en la capacidad de imponer la propia voluntad sin restricciones, sino en la capacidad de gobernar conforme a principios que trascienden el interés inmediato. Reconoce que el ejercicio del poder inevitablemente moldea la realidad, pero insiste en que esa capacidad creadora debe estar guiada por un orden previo de significado.

No se trata de una llamada al moralismo desvinculado de la realidad política. Ni a la fabricación de un idealismo internacional carente de fundamento geopolítico. Los pensadores de la Escuela de Salamanca eran plenamente conscientes de las complejidades del gobierno, de la inevitabilidad del conflicto y de las limitaciones del juicio humano. Su aportación radica precisamente en su negativa a reducir la política ni al puro idealismo ni al puro realismo. Entendían que el poder debe comprometerse con la realidad—pero también que la realidad no se agota en el poder.

En el sistema internacional actual, donde la multipolaridad emergente y la renovada competencia entre grandes potencias están reconfigurando el panorama global, esta intuición resulta más relevante que nunca. La cuestión no es si los Estados poderosos influirán en las normas que rigen las relaciones internacionales—inevitablemente lo harán. La cuestión es si se consideran vinculados por esas normas o si se ven a sí mismos como sus únicos autores.

El Imperio español, con todas sus imperfecciones, eligió—al menos en un momento decisivo—someterse a juicio. Reconoció que la legitimidad no puede fabricarse únicamente mediante la fuerza o el decreto. Que incluso los más poderosos deben preguntarse con qué derecho actúan.

La lección de Valladolid habla directamente de las condiciones bajo las cuales el poder puede seguir siendo legítimo en cualquier época. El mundo siempre ha estado moldeado por imperios—ya sea bajo un orden unipolar o dentro de una configuración más difusa y multipolar. Esa realidad difícilmente desaparecerá. Lo que puede—y debe—ser cuestionado es la forma en que dicho poder se ejerce.

“La lección de Valladolid habla directamente de las condiciones bajo las cuales el poder puede seguir siendo legítimo en cualquier época.”

El sistema internacional sólo puede sostener la existencia de imperios si éstos se conducen conforme a una brújula moral consustancial al propio ejercicio del poder. No como adorno opcional ni como acto de generosidad, sino como exigencia constitutiva. El poder que no está informado por la prudencia y la justicia termina por corroer el mismo orden que pretende sostener.

Esta fue, en muchos sentidos, la promesa originaria del proyecto americano. El pensamiento político que sustentó la fundación de Estados Unidos—articulado en textos como The Federalist Papers y plasmado en la Constitución de los Estados Unidos—no concebía la soberanía como una voluntad sin límites. Al contrario, partía de la premisa de que el poder debía ser limitado, controlado y orientado hacia la justicia. Del mismo modo que la libertad debe estar siempre ordenada hacia algo más allá de sí misma: la virtud.

Y quizá de forma aún más fundamental, la Declaración de Independencia de Estados Unidos afirma que la propia autoridad política está subordinada a una ley moral superior: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales… dotados por su Creador de ciertos Derechos inalienables.” Aquí, la legitimidad no emana del poder, sino de la conformidad con un orden moral prepolítico.

Incluso en su emergencia como potencia global, Estados Unidos mantuvo durante largo tiempo—al menos en su propia autocomprensión—que su papel no consistía meramente en moldear el orden internacional, sino en sostener un marco de reglas y principios al que él mismo estaba sometido. Esta aspiración nunca se realizó perfectamente. Ningún imperio ha estado libre de contradicción. Pero la aspiración en sí misma importaba. Proporcionaba un estándar frente al cual la acción podía ser juzgada, criticada y corregida.

Es precisamente este legado el que corre el riesgo de erosionarse cuando el poder comienza a concebirse como único autor de la legitimidad. Si el derecho internacional se vuelve indistinguible de las preferencias del más fuerte, entonces deja de ser derecho en cualquier sentido significativo. Y si los movimientos políticos definen la verdad y la normatividad puramente en términos de liderazgo, abandonan la misma tradición que una vez los distinguió.

Las administraciones presentes y futuras en Washington harían bien en recordar que la fortaleza de Estados Unidos nunca ha descansado únicamente en su capacidad para imponer realidades o ejercer poder, sino en su disposición—aunque imperfecta—a reconocer que opera dentro de un orden moral y jurídico que no creó y que no puede controlar plenamente.

La alternativa no es una mayor soberanía—ni siquiera un auténtico America First—sino su silenciosa disolución en la arbitrariedad. Y la historia sugiere que los imperios que dejan de reconocer límites—ya sean morales o jurídicos—terminan perdiendo no sólo su legitimidad, sino también su poder. Su derecho y su fuerza.